ALICIA GUEVARA MÉNDEZ
PORTHADAINFORMATIVA.COM
30 ABRIL 2023
La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, conocida como DAPAS, de nueva cuanta se encuentra en el ojo del huracán de la opinión pública tras la revelación millonarios desvíos de recursos públicos durante la administración del ex alcalde Adrián Esper Cárdenas.
Desde la Auditoría Superior del Estado se realizó una fiscalización que permitiera transparentar el buen uso de los recursos públicos manejados por la DAPAS, al revisar los documentos entregados, descubrieron que gran parte del presupuesto destinado a la DAPAS habría sido utilizado para pagar a asesores externos, compra irregular y a costos excesivos de medidores de agua, arrendamiento innecesario de propiedades, pago de sueldos y aguinaldos a parientes de miembros de la Junta de Gobierno o del Cabildo, del titular, directores y/o jefes de departamento, apertura de cuentas bancarias externas al organismo operador del agua y a las cuales fueron destinados dinero del erario, además que se comprobó que uno de los servidores públicos que ocupó el puesto de Director General, es Contador Público, profesión que no está relacionada con la función que desempeñó, además de que no acreditó la experiencia técnica y administrativa, acorde a lo que establece la normatividad.
De hecho, se descubrió que algunos de los asesores externos contratados no tenían títulos universitarios relacionados con el área de trabajo en la que fueron contratados, lo que generó sospechas sobre la legalidad de su contratación y uso de recursos públicos.
Recientemente el diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado en San Luis Potosí, dio a conocer un grave desfalco detectado por la Auditoría Superior del Estado en la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, ejemplificando el caso de Edgar Enrique Sánchez González, quién durante la administración 2018-2021, fungió como asesor jurídico del organismo y cobró más de un millón de pesos, cuando la DAPAS ya contaba con abogados internos.
De acuerdo a información oficial de la CEGAIP, durante el año de 2020, el área de finanzas de la DAPA en su reporte de egresos, realizó pagos por un total de 1 millón 44 mil pesos, a favor de Edgar Enrique Sánchez González, quien a decir del ex director de la DAPAS, Marco Antonio Guillén no era trabajador de la Dirección de Agua Potable, ni se le daría sueldo alguno ya que solo colaboraba ayudándolo de manera personal, sin embargo desde un inicio se ostentó como asesor y representante legal del organismo, a pesar que en ese entonces el organismo operador de agua enfrentaba una huelga laboral.
En base a la información pública, Edgar Sánchez habría recibido dispendios por 348 mil pesos en un solo mes bajo el concepto de honorarios, y en Febrero del 2020, le fueron pagadas las facturas F-29 y F-5802, bajo los folios de pago 106 con fecha 6 de Febrero, y 204 con fecha 28 de Febrero.
Posteriormente de la cuenta del organismo que se maneja en el banco BBVA S.A., le fueron cubiertas las facturas F-32 el 26 de Marzo, F-34 el día 4 de Mayo, F-35 el 1 de Junio y F-37 el día 29 del mismo mes, además de las facturas F-38 con fecha 3 de Agosto y la F-39 el día 31 de Agosto, cada una de ellas por un monto de 116 mil pesos.
En octubre del 2022, la Auditoria Superior del Estado, en el Informe Individual de la Cuenta Pública 2021 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. (DAPAS) bajo el folio AEFMOD-08-FC-OPA-2021-01-006, en Pliego de Observaciones dejo entrever un probable daño o perjuicio al patrimonio del Organismo Operador de Ciudad Valles, por un monto de $304,196.00 (Trescientos cuatro mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que hayan generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de Recursos Propios, por los pagos realizados por concepto de asesoría jurídica, cuyas actividades o funciones, fueron iguales o equivalentes a las que tiene encomendadas el personal adscrito al área Jurídica del propio Organismo; y que en su caso no fueron acreditados con la evidencia documental del reintegro correspondiente.
En su desglose del informe individual, con base a los criterios establecidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para la integración del Programa Anual de Auditorías 2022, se menciona un selectivo de obras, considerando los fondos y programas objeto de revisión, así como la magnitud de la obra, el importe ejercido, denuncias, entre otros razonamientos establecidos, de lo anterior se consideró una muestra de 33 obras por administración directa, con un importe total auditado de $5,827,553.00.
Asimismo se verificó que, en las partidas que integraron la muestra de auditoría, las percepciones nominales efectivamente pagadas al personal que ocupó los puestos de Jurídico, Coordinador de Área Dirección, Operador de Maquinaria, Auxiliar Administrativo, Capturista, Cajero, Notificador, Limitador, Reanudador, Mecánico de Medidor, Fontanero Comercial, Fontanero A.P., Almacenista y Jardinero, entre otros, excedieron el número de plazas autorizadas para dichos puestos en el Tabulador observando pagos por un monto de $10,607,465.15. debido a que no presentó evidencia de la resolución de la autoridad laboral que mencionó y no justificó el exceso en el número de plazas autorizadas en el tabulador, la Auditoría Superior del Estado, en el Pliego de Observaciones AEFMOD-08-FC-OPA-2021-01-001 presume un probable daño o perjuicio al patrimonio del Organismo Operador de Ciudad Valles.
Por ello el legislador René Oyarvide, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado en San Luis Potosí, se pronunció al respecto, anunciando que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los involucrados. Al mismo tiempo, se comprometió a implementar medidas para mejorar la transparencia en la administración pública y fortalecer los mecanismos de control y supervisión.
Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta a los avances de la investigación y exige que se haga justicia en este caso de desvío de recursos públicos en la DAPAS.
Será durante el presente mes, que el Congreso del Estado a través de la comisión correspondiente analice el informe de la ASE e inicie los procedimientos correspondientes en contra de los funcionarios involucrados y revise la devolución de los recursos antes mencionados, o en su caso gire instrucciones a la Fiscalía General del Estado para la judicialización correspondiente, que puede llegar a las ordenes de aprehensión contra los funcionarios señalados en la auditoría.